Maternidad. Por respeto a la dignidad humana, el Estado francés sigue sin reconocer la filiación materna de un hijo nacido de una madre bajo contrato. La maternidad no es objeto de alquiler. El Comité Nacional de Ética considera que la gestación por cuenta ajena comporta riesgos éticos muy graves, que ninguna norma jurídica podrá evitar. “Nuestro país, lejos de ir con retraso, está a la cabeza de la protección legal de la dignidad de las personas”.

Descargar

Maternidad. Por respeto a la dignidad humana, el Estado francés sigue sin reconocer la filiación materna de un hijo nacido de una madre bajo contrato. La maternidad no es objeto de alquiler. El Comité Nacional de Ética considera que la gestación por cuenta ajena comporta riesgos éticos muy graves, que ninguna norma jurídica podrá evitar. “Nuestro país, lejos de ir con retraso, está a la cabeza de la protección legal de la dignidad de las personas”. Cfr. Francia: la maternidad no es objeto de alquiler Aceprensa - Firmado por Salvador Bernal Fecha: 14 Mayo 2010 Las leyes francesas sobre bioética se han elaborado con rigor. Además de aplicar oportunamente el principio de cautela, se introdujo un doble criterio de gran trascendencia: la revisión parlamentaria quinquenal de experiencias y preceptos, y la creación de un comité nacional independiente de ética. Los 24 miembros de este organismo se reparten en cuatro grupos: expertos científicos, representantes de órganos institucionales (Consejo de Estado, Asamblea Nacional, Senado, Tribunal Supremo), personas relevantes y, en fin, representantes de consumidores y pacientes. Aunque lleva algún retraso, corresponde ahora la evaluación y, en su caso, reforma de las normas aprobadas en 2004. Una de las cuestiones planteadas es la legalización de la llamada maternidad de alquiler, actualmente prohibida por el ordenamiento jurídico francés, en aplicación del principio de indisponibilidad del cuerpo humano. El Comité Consultivo Nacional de Ética acaba de hacer público un documento en el que la mayoría de sus miembros expresan fuertes reservas ante esa posible innovación en el ámbito de la procreación asistida. El respeto a la dignidad humana se opone frontalmente a esa posibilidad, según dictámenes precedentes del Consejo de Estado y de la Academia de Medicina, así como de la opinión manifestada por los ciudadanos que participaron en los llamados Estados generales – fórmula típicamente francesa – de bioética (cfr. Aceprensa, 11-03-2009). También se opone el responsable de la comisión parlamentaria competente, el diputado de la mayoritaria UMP Jean Leonetti. El código civil precisa la nulidad de toda convención o contrato sobre la procreación o gestación por cuenta ajena. Ante la tolerancia de otros países, como Bélgica, Holanda o Dinamarca, o algunos estados norteamericanos, no faltan parejas francesas que se procuran la maternidad en el extranjero. Pero el Estado francés sigue sin reconocer la filiación materna de un hijo nacido de una madre bajo contrato. El Comité Nacional de Ética considera que la gestación por cuenta ajena comporta riesgos éticos muy graves, que ninguna norma jurídica podrá evitar. No son los mínimos los problemas médicos durante el embarazo: “La mortalidad materna perinatal, auténtico flagelo aún no erradicado, ¿no será aún más insoportable si sobreviene como consecuencia de un embarazo a favor de otros?”, se pregunta el comité. Los expertos estiman también que existe incertidumbre sobre el futuro de los hijos. Desde luego, “serán esperados con ilusión por sus padres intencionales”, pero nadie puede prever las consecuencias de un proyecto “no habitual y complejo” sobre la psique de un niño, que conocerá en su día que fue objeto de un contrato, o la de los otros hijos de la madre biológica o de sus padres jurídicos. Por otra parte, prevén que la autorización de esa fórmula daría lugar a numerosos litigios, como muestra la experiencia norteamericana: control de los mandantes sobre el comportamiento de la madre biológica (modo de vida o consumo de tabaco y alcohol), rechazo de entregar en su día al nacido o, al contrario, de acogerlo como causa de una posible minusvalía, etc. En definitiva, la mayoría del comité considera innecesario modificar el derecho vigente. Su comentario final resulta francamente expresivo: “Nuestro país, lejos de ir con retraso, está a la cabeza de la protección legal de la dignidad de las personas”.